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El Gobierno ha aprobado la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad, también llamado despido por ineptitud sobrevenida. Se modifica por primera vez el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, un paso “mucho más profundo”, según la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para “corregir la discriminación y evitar que la definición de persona con discapacidad en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral”.

Este cambio normativo supone más avances, “ya que será la persona con discapacidad la que elegirá si quiere que su relación laboral se extinga o si quiere permanecer el puesto de trabajo”. Si continúa, habría que adaptar su puesto de trabajo, aunque lo que se busca con este cambio es que las empresas no puedan decidir unilateralmente la continuidad de una relación laboral.

Esta norma también establece un plazo de seis meses, en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para emprender cambios relacionados con las invalideces de carácter permanente y sus distintos grados.

Prohibición del despido sobrevenido por incapacidad

La regulación vigente hasta ahora del despido automático por discapacidad sobrevenida vulnera el derecho al empleo de las personas con discapacidad, según el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), entidad que ha estado presente en el proceso de modificación de la norma.

Cabe recordar que, hasta ahora, el despido objetivo por ineptitud sobrevenida ha sido una modalidad en la que una persona trabajadora podía ser despedida en el caso de perder la capacidad o habilidad para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Esta pérdida de capacidades tenía que producirse después de la firma de contrato —por accidente o por falta de adaptación a los medios de trabajo— y además, para poder hacerlo de forma legal, la empresa tenía que agotar otras vías previas, como demostrar la incapacidad del trabajador, la incapacidad para reubicarle en otro puesto y comunicárselo de forma adecuada, con los medios y plazos legales.

Según Díaz, en España hay 4.380.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, mientras que uno de cada cinco hogares en España tiene en su seno a una persona con discapacidad. Con todo, se comprometió a «dignificar» la sociedad, que dijo que tiene que ser «inclusiva».

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